A quien pertenece la misión educadora (Encíclica Divini Ilius Magistri)

Pio XI nos recuerda en Divini Ilius Magistra lo que el Papa León XIII nos dijo: ««Los hijos son como algo del padre, una extensión, en cierto modo, de su persona; y, si queremos hablar con propiedad, los hijos no entran a formar parte de la sociedad civil por si mismos, sino a través de la familia dentro de la cual han nacido». Por consiguiente, como enseña León XIII en la misma encíclica, «la patria potestad es de tal naturaleza, que no puede ser asumida ni absorbida por el Estado, porque tiene el mismo principio de la vida misma del hombre». De lo cual, sin embargo, no se sigue que el derecho educativo de los padres sea absoluto o despótico, porque está inseparablemente subordinado al fin último y a la ley natural y divina, como declara el mismo León XIII en otra de sus memorables encíclicas sobre los principales deberes del ciudadano cristiano, donde expone en breve síntesis el conjunto de los derechos y deberes de los padres: «Los padres tienen el derecho natural de educar a sus hijos, pero con la obligación correlativa de que la educación y la enseñanza de la niñez se ajusten al fin para el cual Dios les ha dado los hijos. A los padres toca, por tanto, rechazar con toda energía cualquier atentado en esta materia, y conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación cristiana de sus hijos, y apartarlos lo más lejos posible de las escuelas en que corren peligro de beber el veneno de la impiedad»»

… la misión educativa de la familia concuerda admirablemente con la misión educativa de la Iglesia, ya que ambas proceden de Dios de un modo muy semejante. Porque Dios comunica inmediatamente a la familia, en el orden natural, la fecundidad, principio de vida y, por tanto, principio de educación para la vida, junto con la autoridad, principio del orden. Luego cita a santo Tomás de Aquino, el Doctor Angélico,: «El padre es principio de la generación, de la educación y de la disciplina y de todo lo referente al perfeccionamiento de la vida humana».

El Código de Derecho canónico dice: «Los padres tienen la gravísima obligación de procurar, en la medida de sus posibilidades, la educación de sus hijos, tanto la religiosa y la moral como la física y la cívica, y de proveer también a su bienestar temporal».

El instinto paterno, que viene de Dios, se orienta confiadamente hacia la Iglesia, seguro de encontrar en ésta la tutela de los derechos de la familia y la concordia que Dios ha puesto en el orden objetivo de las cosas. La Iglesia, en efecto, consciente como es de su divina misión universal y de la obligación que todos los hombres tienen de seguir la única religión verdadera, no se cansa de reivindicar para sí el derecho y de recordar a los padres el deber de hacer bautizar y educar cristianamente a los hijos de padres católicos; es, sin embargo, tan celosa de la inviolabilidad del derecho natural educativo de la familia, que no consiente, a no ser con determinadas condiciones y cautelas, que se bautice a los hijos de los infieles o se disponga de cualquier manera de su educación contra la voluntad de sus padres mientras los hijos no puedan determinarse por sí mismos a abrazar libremente la fe.

Dos hechos de gran trascendencia: La misión educativa corresponde en primer lugar y de modo muy principal a la Iglesia y a la familia por derecho natural y divino, y, por tanto, de modo inderogable, indiscutible e insubrogable»

Este primado de la Iglesia y de la familia en la misión educativa produce extraordinarios bienes, como ya hemos visto, a toda la sociedad y no implica daño alguno para los genuinos derechos del Estado en materia de educación ciudadana, según el orden establecido por Dios. Estos derechos están atribuidos al Estado por el mismo Autor de la naturaleza, no a título de paternidad, como en el caso de la Iglesia y de la familia, sino por la autoridad que el Estado tiene para promover el bien común temporal, que es precisamente su fin específico. De lo cual se sigue que la educación no puede atribuirse al Estado de la misma manera que se atribuye a la Iglesia y a la familia, sino de una manera distinta, que responde al fin propio del Estado. Ahora bien, este fin, es decir, el bien común de orden temporal, consiste en una paz y seguridad de las cuales las familias y cada uno de los individuos puedan disfrutar en el ejercicio de sus derechos, y al mismo tiempo en la mayor abundancia de bienes espirituales y temporales que sea posible en esta vida mortal mediante la concorde colaboración activa de todos los ciudadanos. Ahora bien, es de la competencia propia del Estado la llamada educación ciudadana, no sólo de la juventud, sino también de todas las restantes edades y condiciones sociales. Esta educación ciudadana consiste, desde un punto de vista positivo, en proponer públicamente a los individuos de un Estado tales realidades intelectuales, imaginativas y sensitivas, que muevan a las voluntades hacia el bien moral y las inclinen hacia este bien como con una cierta necesidad moral. Desde un punto de vista negativo, la educación ciudadana debe precaver e impedir todo lo que sea contrario a ese bien moral. Esta educación ciudadana, tan amplia y múltiple que casi abarca toda la actividad del Estado en pro del bien común, debe ajustarse a las normas de la justicia y no debe ser contraria a la doctrina de la Iglesia, que es la maestra, establecida por Dios, de esas normas de la justicia.

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